La Cámara de Senadores de la Nación debate las reformas que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza: la ley Bases y el paquete fiscal. Cómo será la sesión
La Cámara de Senadores de la Nación debate desde las 10 las reformas que impulsa el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA): la ley Bases y el paquete fiscal. Mientras el oficialismo tiene fe de que habrá quorum, hay algunos puntos claves de los proyectos que tensan el debate, como la privatización de empresas.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, lograron dictaminar los proyectos que llegaron de la Cámara de Diputados, aunque con modificaciones en los textos originales.
Desde entonces, Francos trabajó con los gobernadores dialoguistas para garantizar que el oficialismo obtenga los votos y sancionar ambas leyes, aunque de aprobarse con modificaciones, deberían volver a la Cámara Baja para que Diputados analice los cambios.
Cómo votará el Senado
El escenario es complejo para LLA, que necesita de 37 votos para que comience la sesión. Mientras que radial Martín Lousteau anticipó que dará quorum, los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, en cambio, pusieron en duda el comienzo del debate.
El bloque de Unión por la Patria (Frente Nacional y Popular junto con Unidad Ciudadana) que cuenta con 33 bancas, ya anticipó su voto negativo a ambos proyectos. A ello se le suman los votos en contra de los senadores de Alianza por Santa Cruz.
La UCR, a excepción de Lousteau que sigue en duda su voto, y el PRO acompañaran al oficialismo tanto para el quorum como para la sanción de ambos proyectos. Más las alianzas que tejió Francos con Cambio Federal, Comunidad Neuquén, Frente Renovador de la Concordia Social y otros bloques minoritarios.
La sesión promete ser extensa. En la reunión de Labor Parlamentaria, los senadores acordaron debatir por separado los proyectos. Para la ley Bases habrá 10 oradores por interbloque, con 10 minutos de exposición, más los miembros informantes que contarán de 20 minutos. En tanto, los jefes de bancada harán el cierre también con 20 minutos de exposición.
Para el paquete fiscal se acordó cinco oradores por interbloque, con 10 minutos para exponer sus argumentos. También habrá miembros informantes, con 20 minutos, al igual que los titulares de bancada que harán el cierre.
Ambos proyectos se votarán primero en general y luego en particular por capítulos, momento en el que se podrá proponer modificaciones, y en el caso de algunos artículos, se lo hará por separado.
Privatización de empresas, el quiz de la cuestión
Entre los puntos claves que se debatirán hoy, está el apartado sobre la privatización de empresas públicas. El oficialismo propone la privatización total de Aerolíneas Argentinas, aunque es la que más genera dudas y no se descarta que se retire de la lista, donde también figura Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).
Para el caso Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales, la propuesta es una concesión parcial, es decir, que estén abiertas a incorporar capital privado.
Diferente es el caso de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa), que el proyecto plantea que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin.
En este caso se permite la participación del capital privado, debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.
Otra empresa sujeta a privatización será el Complejo Carbonífero, ferroviario y Portuario a cargo de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), aunque de aprobarse la ley, solo se permitirá organizar un PPP y con una clase de acciones para ese fin debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación del mismo.
La ley Bases establecerá que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones deberá ser informada de la modalidad y procedimiento seleccionado conforme cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo.